Dialogar Para Avanzar En Derechos
Personas Defensoras de la Sociedad Civil Mexicana y Europea se reúnen en el Triálogo de Derechos Humanos junto con Representantes de Gobierno de México y Unión Europea.
Gobiernos federales y estatales en México han atribuido una creciente importancia a la inversión estatal y extranjera en actividades extractivistas y energéticas como fuentes de crecimiento económico. Proyectos económicos de gran escala, como parques eólicos, hidroeléctricas, aeropuertos y carreteras, son cada vez más comunes.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos ha alentado a todos los países a implementar un Plan Nacional de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos y ha publicado una guía con recomendaciones al respecto. Los PNAs deben respetar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, publicados en el 2011 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En años recientes, México empezó el proceso de desarrollar un PNA con los insumos de un grupo de trabajo conformado por líderes empresariales, autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de haber sido un paso importante, el PNA todavía no ha sido finalizado.
La sociedad civil mexicana ha criticado varios aspectos del proceso, incluyendo la falta de inclusión de las aportaciones del grupo de trabajo, el carácter no vinculante de las consultas regionales y la falta de participación directa de representantes de comunidades indígenas y campesinas, entre otras. Varias organizaciones también han llamado la atención a la falta de cumplimiento del borrador del PNA con los estándares internacionales en la materia.
En agosto de 2016, antes de la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos a México, una coalición de más de 100 organizaciones publicó un informe documentando 60 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas en todo México, las más comunes siendo violaciones de los derechos a la tierra y el territorio, acceso a la información, un medio ambiente sano, salud y los derechos indígenas. El informe destacó la falta de consultas previas, libres e informadas a comunidades sobre la implementación de proyectos en sus territorios y el involucramiento de actores estatales en varias de las violaciones.
En el contexto del creciente enfoque en el modelo extractivista e inversiones extranjeras, las y los defensores de tierra, territorio y medio ambiente enfrentan altos niveles de riesgo. Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se documentó la ejecución extrajudicial de 11 personas defensoras del territorio. Entre el 2010 y 2015, 33 defensores/as de tierra, territorio y medio ambiente fueron asesinados/as en México. Un informe publicado por el ISHR en el 2015 destacó que esas personas defensoras son blancos constantes de difamación y criminalización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha recomendado la creación de una ley que garantice estándares mínimos en la consulta a comunidades indígenas afectadas por proyectos económicos.
PBI México ha incluido la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en sus enfoques temáticos debido a la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores. En su informe del 2016 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, llamó a la comunidad internacional a “asumir urgentemente su responsabilidad de empoderar y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales”.
Entre sus recomendaciones, estaban varios puntos sobre los cuales PBI ha incidido con las autoridades mexicanas y actores internacionales: subir el perfil y visibilidad del trabajo legítimo de esas personas defensoras; asegurar que tratados de libre comercio incluyan mecanismos para prevenir violaciones contra defensores/as; desarrollar mecanismos de protección adecuados para defensores/as ambientales.
Haz clic aquí para leer la publicación de PBI México Defender la Vida: Personas Defensoras de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente en Riesgo.
Marco legal: México es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y ha ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Eso genera obligaciones internacionales a México de respetar los derechos colectivos de pueblos indígenas, llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con los mismos y conseguir su consentimiento para la implementación de proyectos económicos en sus territorios.
Personas Defensoras de la Sociedad Civil Mexicana y Europea se reúnen en el Triálogo de Derechos Humanos junto con Representantes de Gobierno de México y Unión Europea.
Durante la pandemia, la construcción de megaproyectos energéticos y de infraestructura continuaron, al considerarse actividad esencial. Paralelamente, los procesos judiciales y amparos interpuestos por las comunidades afectadas y opositoras se paralizaron y la articulación de la protesta social quedó debilitada por las restricciones de confinamiento y distanciamiento social.
El día 10 de marzo de 2021, PBI-Canadá y Amnistía Internacional organizaron un encuentro virtual para Isela González de Alianza Sierra Madre A.C.
El día 8 de marzo 2021, durante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Yesica Sánchez, abogada feminista y directora adjunta de Consorcio Oaxaca, dio a conocer la preocupación por el incremento de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, en particular mujeres, en México, Colombia, Hondura,
El pasado 24 de agosto las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (ACCUDEH), el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron su 9o informe "Defender Derechos Humanos en México: La Impunidad que no termina”.
El 9 de agosto pasado se celebró el día internacional de los pueblos indígenas bajo el tema “COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas”, reconociendo el esfuerzo de las comunidades indígenas de buscar sus propias soluciones a la pandemia a través de conocimientos y prácticas tradicionales.1 Según la ONU, los pueblos indígenas pueden enseñarnos cómo reducir el riesgo de futuras pandemias y reequilibrar nuestra relación con la naturaleza ya que sus territorios albergan el 80% de la biodiversidad del
Los pasados días 9 y 10 de julio tuvo lugar el IX Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y México en el que PBI participó como ONG internacional desde la parte europea. Esta edición del Diálogo estuvo marcada por las dificultades existentes en un primer momento para conseguir su realización –ya que en 2019 no tuvo lugar este encuentro anual- y por el impacto que ha supuesto la situación de pandemia global generada por el COVID-19.
“Nos oponemos al desarrollo que reduce nuestros bosques, que acaba con nuestras tierras” (…) Con la pandemia tendremos que vivir el resto de nuestras vidas”.
Jorge Sibas, dirigente del pueblo Brörán y defensor costarricense.
(El siguiente texto es un extracto de un Briefing Conjunto elaborado entre PBI-México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, circulado con el cuerpo diplomático)